Ante la situación de excepcionalidad en la que se encuentra el país, DINCAT reclama medidas específicas para el sector de la discapacidad intelectual. La federación ha trasladado a las administraciones públicas, que tengan en cuenta las especificidades de los centros especiales de trabajo y su frágil situación económica. Ante la situación excepcional que vive Cataluña debido a la propagación del Covid-19, las instituciones públicas competentes están implementando medidas de contención, que en algunos casos obligan al confinamiento de la población y en otros el cese de diversas actividades. Las entidades que prestan servicios básicos de atención a las personas están gestionando de manera responsable estas medidas excepcionales y asumen el compromiso de garantizar la asistencia y el apoyo a todas las personas y en sus familias. En este sentido, desde DINCAT, la federación que aglutina las entidades de discapacidad intelectual de Cataluña, ha hecho un llamamiento a la calma y al seguimiento de las medidas establecidas y a la imprescindible colaboración entre el sector de la discapacidad intelectual y las administraciones para hacer frente el momento excepcional que estamos viviendo. Asimismo la misma entidad quiere reconocer el compromiso de los trabajadores del sector social, que garantizan la atención de las personas más vulnerables. DINCAT, ha hecho llegar, por una parte, el Departamento de Trabajo Asuntos Sociales iFamílies las principales preocupaciones para gestionar adecuadamente las medidas para evitar la propagación del virus y al mismo tiempo continuar garantizando los servicios asistenciales y de apoyo en la medida que así sea posible . Por otra parte, se ha trasladado al Gobierno de la Generalitat la necesidad de establecer un plan de choque ante las repercusiones económicas y financieras que la pandemia del Covid-19 provoca y provocará en la actividad asistencial y económica del país con el objetivo de evitar que los impactos deban ser soportados en exclusiva por las entidades sociales y preservando la capacidad del sector social de continuar garantizando la atención a todas las personas. En este sentido, cabe destacar que se ha planteado el compromiso del Departamento de un primer paquete de medidas como: – Mantener la facturación de los servicios asistenciales, incluso aquellos que cierren. – La necesidad de flexibilizar los plazos de ejecución y condiciones de justificación de los proyectos vinculados a subvenciones como el IRPF y la COSPE. -Que el Departamento que pueda asumir el gasto asociado a la compra de material y que ésta pueda ser refacturada. Complementariamente a estas medidas también se ha pedido la creación de un Fondo para entidades en situación de crisis derivadas de gastos adicionales ocasionados por las medidas de contención o por la pérdida de actividad económica, tanto en el CETS y otras actividades como el ocio inclusivo. En el ámbito concreto de los Centros Especiales de Trabajo, desde DINCAT reclama, de entrada: – Financiación del complemento del 25% del salario en caso de IT por coronavirus o cuarentena. – Para los Centros Especiales de Trabajo sin ánimo de lucro que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, elevar transitoriamente la subvención del Salario – Mínimo Interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción en el 75%. – Agilizar los pagos pendientes de la subvención de mantenimiento del empleo. – Facilitar el acceso a vías abiertas de liquidez con condiciones favorable Finalmente, y en relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que se ponga en marcha para los progenitores que tengan que permanecer en domicilio cuidando a sus hijos, los colegios o centros de atención social hayan cerrado, se incremente un 25% si éstos tienen reconocida discapacidad, por el mayor sobrecoste que conlleva la atención a las situaciones de discapacidad. Asimismo, DINCAT recuerda, tal y como lo ha hecho COCARMI, que hay que garantizar la aplicación de medidas de accesibilidad, especialmente en cuanto a los contenidos informativos de las autoridades públicas, por ejemplo, con la edición de materiales en lectura fácil y lenguaje comprensible, subtitulando vídeos así como garantizando la interpretación en lengua de signos de las ruedas de prensa emitidas en directo. En definitiva, DINCAT reclama a las instituciones públicas una protección específica para las personas, las familias y las entidades del colectivo de la discapacidad intelectual, para minimizar el impacto de esta situación excepcional. DINCAT es la federación que agrupa 281 entidades sociales y representa los derechos de más de 30.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias en Cataluña.
La federación de entidades de la discapacidad intelectual pide un plan de choque para garantizar la atención a las personas
